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Compartir en Facebook Compartir en Twitter Compartir en LinkedINExpediente masivo a los bares, quioscos y otros puntos de venta con recargo por la venta de cigarrillos de forma irregular. A falta únicamente de los datos del pasado mes, el Comisionado del Mercado de Tabacos abrió hasta el 30 de noviembre del último año un total de 3.066 actas de infracción a estos establecimientos, que están obligados a suministarse en uno de los tres estancos más próximos.
El organismo, adscrito al Ministerio de Hacienda y que ejerce las competencias "de carácter regulador y vigilancia" del sector, está investigando, fundamentalmente, la venta de tabaco falsificado o de contrabando, la tenencia de máquinas expendedoras sin licencia y la vulneración de la ley al suministrarse al margen de las expendedurías establecidas.
Fuentes del Ministerio de Hacienda explican, en cualquier caso, que estos expedientes, que se llevan a cabo ante los indicios de posibles irregularidades, no implican necesariamente la imposición de una multa. Para ello será necesario esperar a las conclusiones de la inspección. Las multas por vía administrativa pueden ir desde 600 hasta 12.000 euros, aunque en el caso de que se detectara venta de contrabando hay sanciones mucho más elevadas y puede conllevar incluso el cierre temporal del establecimiento y penas de prisión.
Desde la Federación Española de Hostelería y Restauración (Fehr) insisten, no obstante, en que aunque es cierto que hay bares que pueden haber cometido infracciones graves al comprar, por ejemplo, tabaco de contrabando, muchos son víctimas de las prácticas ilegales.
La hostelería se defiende
El secretario general de la Fehr, Emilio Gallego, asegura en este sentido que "en muchas ocasiones, las personas que suministran los cigarrillos para las máquinas usan tabaco ilegal, que puede estar falsificado, y el dueño del bar no es consciente de ello". La patronal considera además necesario un cambio de la normativa para liberalizar en la medida de lo posible el suministro de la mercancía.
"A veces, en municipios pequeños, resulta complicado comprar al estanco más cercano y se abren expedientes por hacerlo en sitios donde no corresponde. Lo que nosotros hemos solicitado al Comisionado es que se cambie la ley para facilitar la compra y no se limite únicamente a una de las tres expendedurías más cercanas".
A la espera de esa posible modificación de la ley, hoy por hoy poco probable, los bares siguen siendo objeto de una inspección continua. Tan sólo en noviembre se ha expedientado a 268 estancos, frente a los 53 a los que se les abrió un acta en el mismo mes de 2015.
En cualquier caso, los hosteleros no son tampoco los únicos que se enfrentan a inspecciones, expedientes o posibles sanciones. De acuerdo con último informe elaborado por el Comisionado, entre enero y noviembre de 2016 se abrieron también 203 expedientes a estancos y tres a mayoristas. De este modo, en el acumulado de los once primeros meses del año se han incoado así un total de 3.272 a la espera ahora de posibles multas.
Inspección a los estancos
En el último año, el Comisionado del Mercado de Tabacos reforzó de hecho ya las inspecciones a los estancos ante la existencia de posibles pagos por parte de la industria para la publicidad y promoción de sus productos en el punto de venta frente a su competencia, algo que prohíbe tajantemente la ley. Al tener conocimiento de ello, la Unión de Asociaciones de Estanqueros envió una circular a las expendedurías recordándoles que se trata de una práctica totalmente ilegal, que además perjudica al resto del sector y las tabaqueras, que fueron también multadas, dejaron de pagar.
Esas multas, que llegaron en ocasiones hasta los 120.000 euros, pusieron a muchas expendedurías en pie de guerra. Así, y a pesar de las advertencias de la Unión, hubo otras organizaciones mucho más críticas con las inspecciones.
Desde la asociación Empresarios y Comerciantes del Tabaco (Ecot), su presidenta, Maribel González, explicaba en abril a elEconomista que "muchos firmaron contratos con tabaqueras a cambio de información de sus ventas, que les reportaban unos 600 euros de media al año, algo totalmente legal, ya que en ningún momento se hacía publicidad ni se daba ninguna prioridad a ninguna marca, tal y como aseguran sin tener prueba alguna". Hacienda adujo, sin embargo, que se vulneraba el principio de neutralidad que, como concesionario del Estado, debe tener el estanco respecto a las tabaqueras.
Fuente: elEconomista
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